Rumbo a la OCDE: los retos para el desarrollo inclusivo y sostenible, por Víctor Vargas

La aspiración del Perú de ser un miembro pleno de la OCDE para el año 2021 es ambiciosa y nada sencilla. Además del cumplimiento de determinados estándares, esta meta exige un trabajo conjunto que involucra a todos los actores, tanto públicos como privados. Esto particularmente constituye un reto para el Perú.

La poca colaboración entre el Estado y el sector privado (incluida sociedad civil) ha sido históricamente visible. Más aún, dentro del propio aparato estatal la coordinación entre sectores y niveles de gobierno (nacional, regional y local) ha sido defectuosa, lo que ha repercutido en una deficiente articulación territorial que logre establecer y ejecutar las políticas necesarias para la superación de los problemas que afectan al país. En los últimos años el Perú ha asumido el esfuerzo de superar estos problemas.

El Estudio Multidimensional del Perú publicado por la OCDE en el año 2015 reconoce el buen desempeño económico que ha experimentado el país en los últimos años y que nos sitúa en una notable condición en indicadores macroeconómicos. Sin embargo, al mismo tiempo hace notar las brechas que nos separan de los promedios OCDE, tanto en indicadores de carácter institucional (relacionados a la efectividad gubernamental, control de la corrupción y estabilidad política), como en indicadores de infraestructura, servicios, productividad, entre otros.

Frente a las brechas y debilidades institucionales, la OCDE propone una serie de reformas que significan un verdadero giro en la manera en que se ha venido haciendo gobernanza en el país. Una primera reforma de fondo apunta a que el Perú fortalezca su Centro de Gobierno e implemente una visión integral desde el Gobierno en las estrategias de desarrollo y las políticas públicas, dejando de lado la visión sectorial que ha caracterizado a las intervenciones del Estado. Como consecuencia de ello, se asegurará una mejor coordinación y alineamiento entre las principales estrategias de gobierno. Del mismo modo, se propone la incorporación de un enfoque territorial en la gobernanza. Vale decir, que las estrategias y políticas deben diseñarse y ejecutarse tomando en consideración las características, particularidades y necesidades de cada región, con la participación de las autoridades regionales y locales.

Otras reformas propuestas por la OCDE van dirigidas a la revisión del actual proceso de descentralización, un pedido que distintos actores ya venían haciendo en el país. En concreto, se sugiere que este proceso trascienda los aspectos meramente normativos y administrativos y se enfoque en los aspectos vinculados con la gestión. Esto conllevaría mejorar la coordinación y la calidad de las intervenciones en todos los niveles de gobierno.

La revisión del proceso de descentralización también debería involucrar, según la OCDE, la introducción de un enfoque asimétrico, especialmente en las áreas metropolitanas. Esto quiere decir que la asignación de competencias y recursos a los gobiernos locales debería ser acorde a su tamaño y a los asuntos que deben enfrentar. Adicionalmente, se sugiere fortalecer los gobiernos regionales, como actores clave en la articulación de la política nacional con las demandas locales. Ambas recomendaciones son particularmente revolucionarias para nuestro país, en tanto rompen la manera cómo el Gobierno Nacional se ha vinculando con el territorio.

Las propuestas anteriores son la base para enfrentar los retos vinculados a nuestras brechas en materia económica y social. Entre muchos, son tres los retos cuya atención es impostergable y que como país debemos enfrentar en los próximos cinco años para poder alcanzar estándares de buenas prácticas OCDE y aspirar a ser integrantes de esta organización.

Un primer reto es hacer de nuestras ciudades motores de la productividad y volverlas competitivas.  Al concentrar el sector servicios, el buen funcionamiento de las urbes (respecto a zonificación, transporte, conectividad, etc.) impacta en la productividad. El  Perú ha descuidado este tema, por lo que es prioritario que en los próximos años se apruebe una Política Nacional Urbana.

Un segundo reto a enfrentar en los próximos cinco años es fomentar el desarrollo rural. Buena parte de nuestras principales fuentes de ingresos (mineras, forestales, hídricas, turísticas, etc.) se concentran en las áreas rurales, donde también se encuentra la población más vulnerable. Por ello, la agenda de desarrollo rural debe entender que la ruralidad va más allá de lo agrícola y migrar de un enfoque de programas sociales a uno de programas productivos.

Finalmente, un último reto para el siguiente quinquenio es entender que nuestra economía  requiere una estrategia de desarrollo productivo que pasa necesariamente por la diversificación productiva y el aumento de la productividad y la competitividad, reduciendo la dependencia frente a los commodities. Evidentemente, esto exige un esfuerzo y una colaboración enorme entre Estado (en materia de planeamiento estratégico, inversiones, etc.) y sector privado para que el Perú abandone la trampa de los ingresos medios y dé el salto al desarrollo.

Por Víctor Vargas Espejo – Presidente (e) del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

COMUNICADO 001-2019/CEPLAN
Ampliación de plazos para Informes de Evaluación

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), informa a las entidades públicas lo siguiente:
  1. Mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00053-2018/CEPLAN/PCD, publicada el 1 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional. 
  2. Esta Guía establece, entre otros, los plazos para la presentación de los informes de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI), con alcance a las entidades de los 3 niveles de gobierno. Al respecto, se ha dispuesto lo siguiente: 
    • Ampliar, hasta el 28 de febrero de 2019, el plazo para la presentación de los informes de evaluación de implementación del POI correspondiente al año 2018. 
    • Al encontrarse la Guía en proceso de implementación, los Gobiernos Locales están exceptuados de presentar el referido informe, salvo en los casos en que cuenten con información, para lo cual podrán solicitar la asistencia técnica del CEPLAN. 
    • Ampliar, hasta el 31 de marzo de 2019, el plazo de todas las entidades públicas para la presentación del informe de evaluación de resultados del PEI. Los Gobiernos Locales están exceptuados de presentar dicho informe, en tanto la Guía está en proceso de implementación. 
  3. A fin de facilitar el cumplimiento de estas disposiciones, el CEPLAN programará sesiones de capacitación para las entidades de los niveles de Gobierno Nacional y Regional.

Lima, 25 de enero de 2019

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