CEPLAN publica para el debate el Plan Perú 2021

El proyecto de Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2021 es presentado por el equipo técnico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, y recoge un año de trabajo durante el cual se ha revisado y analizado amplia información, y llevado a cabo diversas reuniones con expertos, autoridades, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil.

 

Los criterios empleados en el Plan Perú 2021 se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional.

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, fue el resultado de una profunda reflexión impulsada por la comisión que presidiera Eleanor Roosevelt, en la que participaron destacados intelectua­les y políticos decididos a elaborar un documento que abriera una nueva época de pazy prosperidad para la humanidad. Los treinta artículos que la componen han servido de base para que desde entonces se apruebe una larga serie de convenios, pactos y declaraciones, que han llevado hasta la conformación de instancias internacionales para hacer efectivo su cumplimiento. Así, desde este virtual parlamento se ha generado en la práctica una legislación supranacional de la humanidad, que apuntala la democratización como una de las grandes tendencias del proceso actual de globalización.

 

Desde la firma de la Declaración, el mundo surgido luego de la Segunda Guerra Mundial ha cambiado radicalmente. Los derechos fundamentales como el derecho inalienable a la vida, la libertad de conciencia y el acceso al bienestar, fueron enarbolados por los pueblos cuyos ciudadanos exigen las condiciones necesarias para su realización.

 

Amartya Sen propuso entender el desarrollo como libertad,y de allí nació el término de desa­rrollo humano adoptado por las Naciones Unidas. Esta concepción integral lo hace sinónimo de libertad política, de derechos civiles, de oportunidades económicas y sociales, de protección a la persona y de transparencia en la gestión pública. El Estado y la sociedad deben entonces ofrecer los bienes preferentes que permitan la realización de la libertad, para que el potencial de capacidades humanas pueda desplegarse. Esta idea da forma al índice del Desarrollo Humano, que mediante la combinación de variables como la esperanza de vida, las tasas educativas, el ingreso per cápita y la capacidad adquisitiva de la moneda, permite evaluar no sólo el nivel adquisitivo sino la calidad de vida de los ciudadanos en el proceso de desarrollo.

 

El tercer referente es el Acuerdo Nacional y las 31 Políticas de Estado que suscribieron las fuerzas políticas y sociales en el 2002. Este foro es uno de los logros más importantes del proceso de recuperación de la democracia en el país. Los partidos políticos, los gremios patronales y laborales y los grupos religiosos con trabajo social fueron convocados para trazar políticas que consoliden la democratización. Una de esas políticas, la quinta, fue la que propuso la creación del CEPLAN y de un Sistema Nacional de Planeamiento Estra­tégico para diseñar y hacer el seguimiento de las propuestas.

 

Se ha elegido el año 2021, bicentenario de la Independencia, como horizonte temporal de este primer Plan de Desarrollo Nacional. La fecha es propicia para hacer una reflexión sobre la situación en la que nos encontraremos. La efemérides empieza desde el año 2010 en homenaje a los patriotas españoles que proclamaron la soberanía popular para oponerse a la invasión napoleónica. En su momento, América fue el continente con el mayor número de repúblicas en el mundo. Entramos en la modernidad tomando la for­ma más avanzada de gobierno conocida hasta entonces, inspirados en la Constitución de Cádiz. La res publica romana, recreada por la Ilustración y las grandes revoluciones liberales, marcó el derrotero de un nuevo destino continental.

 

La historia ha sido accidentada y compleja. Algunas repúblicas, como la nuestra, nacieron sin ciudadanos,y en general la herencia del feudalismo colonial —esto es, de una sociedad despótica, patrimonialista, teocrática y escindida— fue la causa de que la semilla demo­crática haya tenido tantas dificultades para fructificar. Nuestras constituciones fueron mayoritariamente liberales, pero las constantes interrupciones autoritarias impidieron la consolidación de la institucionalidad republicana.

 

El avance democrático conjuga el discurso de la libertad con el discurso del bienestar, y la necesidad de precisar los ejes del desarrollo estratégico se instala en la agenda pública. Convertida la Declaración Universal de los Derechos Humanos en norma constitucional desde 1979, comprometido el país con la Declaración del Milenio para alcanzar el desarro­llo y con los Objetivos para erradicar la pobreza, se hace necesario, conforme lo decidiera el Acuerdo Nacional, tener un Plan Estratégico que nos convierta en un país desarrollado, democrático y ohesionado socialmente.

 

En este proyecto de Plan se definen seis ejes estratégicos: (i) derechos fundamentales y dignidad de las personas; (ii) oportunidades y acceso a los servicios (iii) Estado y gober-nabilidad; (iv) economía, competitividad y empleo; (v) desarrollo regional equilibrado e infraestructura y (vi) recursos naturales y ambiente.

 

Con este esquema se ha hecho un diagnóstico de todos los aspectos de la vida nacio­nal y de la relación del Perú con la globalización. Se ha trabajado los datos en estrecha relación con las fuentes oficiales, en particular con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, que en los últimos años ha tenido que hacer un nuevo censo nacional de población, ha publicado el IV Censo Económico Nacional y está elaborando, después de quince años, una nueva tabla insumo-producto. El diagnóstico nos permite recoger datos positivos como la reducción de la pobreza en 18 puntos desde la recuperación de la democracia, la mayor participación de los sectores de menores ingresos en la distribución de la renta, y que el Perú ha salido por primera vez el año 2008 del grupo de países con mayor desigualdad en el planeta. Además, con un ingreso per cápita superior a los 4400 dólares americanos, hemos pasado a ser un país de renta media alta, y también hemos avanzado varios puestos en el índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

 

El análisis nos confirma que se ha progresado en la recuperación de la institucionalidad, aunque restan reformas muy importantes. La descentralización aparece como la reforma del Estado más profunda y significativa de nuestra vida republicana. La transferencia de competencias y de recursos así lo demuestra, y esto incentiva la calidad de la gestión. La educación se ha universalizado, aunque su calidad en todos los niveles es muy deficiente, y la salud pública se encamina en esa dirección.

 

El diagnóstico confirma que la economía peruana ha salido de su estancamiento y que en la última década ha crecido a un ritmo sin precedentes de manera sostenida. El freno puesto por la crisis internacional del año 2008 y el carácter primario exportador de nuestra economía nos hacen ver la necesidad de diversificarla, promoviendo la industrialización y fortaleciendo el mercado interno, dándole mayor valor agregado. El Perú cuenta con recursos naturales y fuentes de energía que deben ser orientados en ese sentido.

 

Asimismo, el diagnóstico presenta avances en la lucha contra la pobreza y en la reduc­ción de graves problemas sociales como la desnutrición crónica y la mortalidad infantil. También deja constancia del severo déficit en materia de infraestructura y de la necesidad de fortalecer la calidad de la administración pública para contar con un Estado eficiente y transparente.


El Plan Perú 2021 no puede dejar de evaluar el contexto internacional ni las megaten-dencias que se perfilan en el momento actual. La crisis del año 2008 parece marcar el fin de un ciclo y el ingreso a otro de larga duración, en el que se recupere la capacidad reguladora del Estado a fin de evitar la repetición de la descontrolada espiral especulativa que condujo a la economía mundial a su mayor crisis en ocho décadas. La estabilidad macroeconómica y los equilibrios a los que aspiran los países no son ajenos en absoluto a la recuperación de la dinámica internacional. El siglo anuncia la redefinición de las hegemonías planetarias, el surgimiento de nuevas potencias y el afianzamiento de los entornos regionales que las acompañan.

 

El avance de las tecnologías de las comunicaciones y los nuevos inventos abren un panorama promisorio para la humanidad. Una sociedad planetaria diversa pero inter­comunicada hace que el progreso y los beneficios de la globalización sean reclamados por todos. El reto de la inclusión, el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente, impulsan la universalización de la democracia

 

Existen tendencias negativas y hay que saber afrontarlas. En particular, la violencia terro­rista y el narcotráfico parecen ser los flagelos del nuevo siglo. La extrema violencia de las redes internacionales del terror que remece al mundo y el poder que alcanzan las mafias en el tráfico de drogas y en el contrabando, deben ser enfrentados con rigor. En el Perú, el terrorismo subsiste y trata de exacerbar los conflictos sociales mientras se alia con el narcotráfico, cuyas redes cruzan el continente y los océanos.

 

Recuperar valores éticos e identidades culturales que nos afiancen como una sociedad bien organizada políticamente, de ciudadanos libres y abierta a la región y al mundo, nos consolidará como una república sustentada en el Estado social de derecho.

 

Para el segundo centenario, el Plan propone que el Perú alcance un ingreso per cápita de 7900 dólares americanos. Para ello, con una población prevista de 33 millones de perua­nos, necesitamos elevar en 2,1 nuestro producto interno y triplicar nuestras exportaciones. Debemos lograr una tasa promedio de crecimiento cercana al 6% y tasas de inversión del 25%. La tributación debe mejorar en 5 puntos en relación al PBI,y los impuestos directos e indirectos deben alcanzar la misma proporción. La pobreza debe reducirse al 13% del total. La mortalidad infantil y la desnutrición crónica deben ser reducidas drásticamente o, de ser posible, eliminadas. El Perú debe tener un coeficiente de Gini que indique una clara disminución de la desigualdad, consolidándonos como un país de renta media alta y de desarrollo humano elevado.

 

La realización de programas estratégicos en educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología, energía, redes nacionales e internacionales de transporte multimodal, más los programas de modernización y reforma del Estado, generarán las condiciones para un nuevo país.

 

El Plan Perú 2021 se propone objetivos generales y específicos, precisar indicadores para avanzar hacia las metas fijadas, y hacerlo a través de programas estratégicos. Una vez promulgado, se avanzará decisivamente en la formación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Así se articulará el Plan con los instrumentos financieros, para que los programas estratégicos empiecen a ser previstos en el presupuesto general de la República. Luego se formularán los planes de mediano plazo y los planes sectoriales, coordinándose con los planes regionales y municipales.

 

Si somos capaces de concertar las voluntades suficientes para llegar a esas metas, para ser una sociedad más igualitaria y más solidaria, de ciudadanos responsables —donde llegar en democracia será una trayectoria sin precedentes—, estaremos en mejor pie para ser un país del primer mundo hacia mediados del siglo.

 

Agustín Haya de la Torre
Presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

 

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